El juez imputa a la delegada del Gobierno de Madrid por una operación en Mercamadrid
El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto diligencias previas contra 16 personas entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno de Madrid Concepción Dancausa y otros 14 cargos públicos por un supuesto delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid. El juzgado les ha informado de que está realizando una investigación por admnistración desleal o fraudulenta motivada por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, como adelantó EL PAÍS, y que todos figuran en calidad de investigados, término con el que ahora se denomina jurídicamente a los imputados. El juzgado también ha ofrecido a los posibles perjudicados de Mercamadrid que emprendan acciones.
En la lista de investigados se encuentra José Enrique Núñez Guijarro, exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Botella y actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid; Manuel Troitiño Pelaz, exmiembro del Ayuntamiento de Madrid y ex diputado autonómico, y ahora concejal en Majadahonda; José Manuel Torrecilla Jiménez, exdirector general de Mercamadrid ; Dolores Flores Cerdán, exdirectora general de Economía y Desarroyo Económico del Ayuntamiento, y Silvia Llerena Muñoz, jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa.
También se nombra como investigados a María Jesús Prieto, que fue secretaria general de Mercasa y vicepresidenta primera de Mercamadrid; a Pablo Manuel González González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, que era responsable de Mercasa; Manuel Beltrán Pedreira, vocal y subdirector técnico de Canal de Isabel II y Pablo J. M. del Amo Serrano, que fue consejero delegado de Madridec.
En el extenso listado también figura Marta Fernández-Pirla Martínez, hoy en el Tribunal de Cuentas pero que fue miembro de los consejos de administración de Mercamadrid, Ifema, Madrid Destino, Madrid Calle 30, el Club de Campo o la empresa de servicios funerarios de Madrid y el empresario José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella.
La Fiscalía Provincial de Madrid presentó a finales de abril una denuncia contra Dancausa, por "un delito societario del artículo 295 del Código Penal" contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella. La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid. Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, ceden unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acaba pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.
Fuente: http://ow.ly/YbBj30bAXX6
Arturo Fernández salpica a sus exdirectivos: no quiere comerse el último marrón judicial
Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, no quiere comerse solo el último marrón judicial que tiene que afrontar. Fernández declaró este martes en calidad de investigado (la nueva figura jurídica de la imputación) en el juzgado de instrucción número 6 de Madrid, en una pieza separada de otra causa ya abierta en el juzgado número 46 que investiga si CEIM y la Cámara de Comercio utilizaron los fondos públicos de los cursos de formación para financiarse ilegalmente. Fernández ha declarado que todo se hizo "correctamente", según fuentes jurídicas, pero ha pasado la pelota al tejado de cinco directivos de la CEIM y de la Cámara responsables de los cursos de formación, ya que él no firmó ni contrató nada.
Tras destaparse en febrero de 2014 el caso Aneri (un gran fraude en los cursos de formación financiados por la Comunidad de Madrid y gestionados por el empresario cordobés José Luis Aneri), la Policía Nacional amplió su investigación para averiguar si otras organizaciones empresariales, entre ellas la patronal madrileña CEIM, utilizaban el dinero de estas ayudas para financiarse ilegalmente. En el epicentro de las investigaciones también se encuentran la Cámara de Comercio y el Instituto de Formación Empresarial (IFE), encargados de impartir los cursos. ¿Cómo era la operativa? CEIM pedía al Gobierno regional ayudas públicas para formar a sus trabajadores, y luego transfería ese dinero al Instituto de Formación Empresarial (IFE), dependiente de la Cámara, para que realizara los cursos.
Esta nueva investigación desgajada de Aneri cayó en el juzgado número 46, donde se ha citado como investigado a otro expresidente de CEIM, el predecesor de Arturo Fernández, Salvador Santos Campano. Para realizar los cursos, la ley permite que un 10% de la subvención retorne a las entidades empresariales para poder sufragar actividades relacionadas con los cursos, como puede ser pagar publicidad para promocionarlos, pagar las facturas de la luz durante las clases o material relacionado con las mismas. Ese 10%, conocido como retorno, pudo ser utilizado para otros fines, según los investigadores, que ayudaron a financiar irregularmente a las asociaciones empresariales. Los agentes y la Fiscalía de Delitos Económicos se centran en los convenios de colaboración que la Cámara firmaba con algunas organizaciones empresariales y municipios.
A través de estos acuerdos, las patronales destinaban al IFE, que depende de la Cámara, el dinero de las subvenciones que previamente habían conseguido de la Comunidad de Madrid. El IFE era el encargado de impartir los cursos, según esos convenios. Luego, en esos mismos documentos, se acordaba devolver a las asociaciones un porcentaje de la subvención en concepto de patrocinio de actividades como la feria de la tapa, jornadas gastronómicas o campañas de ventas y rebajas. El caso ha crecido y ha salpicado a más juzgados.
El expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid Salvador Santos Campano, con corbata roja. (EFE)
¿Por qué? Según el Código Penal, el sujeto activo en el delito de fraude de subvenciones es la entidad beneficiaria de la ayuda. Da igual que varias asociaciones subcontraten a la misma entidad (en esta caso, la Cámara y su Instituto de Formación Empresarial). Por eso, el juzgado 46 elevó al Decanato de Plaza Castilla los otros expedientes investigados. Uno de ellos recayó en el 6, que ha citado a Arturo Fernández en calidad de investigado por un delito de fraude de subvenciones públicas.
En este caso, el juzgado 6 investiga los cursos de formación impartidos en 2011 y 2012. En su declaración, según fuentes jurídicas, Fernández señaló que cree que todo se hizo correctamente, ya que los cursos de formación pasaron auditorías "exhaustivas" y el tutelaje de la Comunidad de Madrid, aunque matizó que quizá se pudieron cometer "errores administrativos pero nunca fraude". El Tribunal de Cuentas ya alertó de que había irregularidades en algunas de las facturas relacionadas con los cursos.
Fernández, no obstante, cree que no debe ser el único responsable de estos "errores". El juez ya tiene en su poder un organigrama de los cargos directivos de CEIM y de la Cámara en esos años, ya que el expresidente de la patronal aseguró en su declaración que él no firmó nada ni contrató nada. Fernández insistió en que pone la mano en el fuego por todo, pero también que él no puede aclarar "los datos técnicos" de los cursos, y confirmó, a preguntas del magistrado, los nombres de los cargos responsables de los mismos. Según fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, todos serán llamados a declarar también por el juez. Se trata de Fernando Garzo, exdirector del IFE; Sol Olabarri y Alejandro Couceiro, ex secretarios generales de CEIM; Carlos Prieto, actual director gerente de la Cámara, y Miguel Garrido, actual secretario general de CEIM.
El del juzgado número 6 se trata de un nuevo frente judicial para Fernández. Ya fue condenado a seis meses de prisión por el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. En el caso Púnica también está siendo investigado por la donación que su grupo empresarial hizo al PP en el año 2007. El juez Eloy Velasco tomó declaración a Fernández a principios de marzo, ya que ha conectado las donaciones al Partido Popular con las adjudicaciones que recibió su grupo de restauración, Arturo Cantoblanco.
Fuente: http://ow.ly/oAzX30bAXry
«¡Ha sido el cristal!»: las dos hipótesis sobre la muerte de los jóvenes que cayeron por el hueco del ascensor
Las escenas de dolor se repitieron a lo largo de la tarde de ayer entre amigos de las víctimas - INMA FLORES
«Dime que no es verdad. Dímelo, por favor.No pueden haber muerto. ¡Es horrible!». Eso preguntaban ayer dos chicas, entre sollozos, cuando se dirigían al número 4 de la calle de los Hermanos Bécquer (Barrio de Salamanca, Madrid). Estaba cortada por la Policía Nacional, había un hospital de campaña del Samur y varias dotaciones de este servicio de emergencias, de la Policía Municipal y de los Bomberos del Ayuntamiento. Ahí se enteraron de la terrible noticia. Dos de sus amigos, «una pareja de novios» de 17 años, habían perdido la vida cuando pretendían bajar a la calle en ascensor desde un octavo piso, donde se encuentra el ático. En el edificio vivía la chica.
El extraño accidente ocurrió a las 16.45 horas. Por causas que están siendo investigadas, el suelo del ascensor se vino abajo y, con él, los dos jóvenes cayeron al vacío y acabaron en el foso, muriendo en el acto, precisaron fuentes policiales y de Emergencias Madrid. «¡Ha sido el cristal, ha sido el cristal, que se ha roto!», recalcaban en estado de shock y muy alterados algunos amigos de las víctimas.
El inmueble tiene dos elevadores: el de servicio y el principal, y el siniestro ocurrió en este último, de vidrio, así lo aseguraron varios trabajadores de la finca, que no pudieron precisar si el suelo también lo era ya que no lo utilizan.
Por ello, otra de las hipótesis que se manejaban era la de que, tal y como explicaban algunos compañeros, se hubiera roto una o parte de una mampara y esta arrastrara la plataforma, con lo que los dos chicos cayeron al vacío. Las causas del accidente, que investiga la Policía Científica, son una incógnita por el momento.
Una fiesta que acabó en drama
Los fallecidos habían quedado con un nutrido grupo de compañeros de 2º de Bachillerato del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, de la Compañía de los Jesuitas, situado en el distrito de Chamartín, para celebrar el fin de los exámenes antes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Estaban en el ático del inmueble, de ocho plantas –con una altura de nueve–, haciendo los preparativos para la fiesta. La pareja salió a buscar o comprar algo e, inopinadamente, la tragedia segó sus vidas.
La celebración se tornó en una tragedia. La noticia corrió como la pólvora. Los chavales que estaban en la finca salieron a la calle, se abrazaban, se echaban las manos a la cabeza, lloraban sin consuelo... Hasta el lugar comenzaron a llegar más jóvenes para la celebración y padres de muchos de ellos, que a duras penas contenían la emoción. Las escenas de dolor se repetían.
Los psicólogos del Samur tuvieron que atender a más de una veintena de chicos. Estos fueron trasladados hasta la BNP Paribas, situada en la acera de enfrente, junto a la embajada de EE.UU., donde fueron recogidos por sus padres y siguieron auxiliándoles. La calle permaneció cortada hasta que el juez autorizó el levantamiento de los cadáveres, a las 19.20 horas. Fueron trasladados hasta el Tanatorio Norte.
«No me lo explico. El inmueble ha sido reformado íntegramente hace un año o año y medio, aproximadamente; solo se ha mantenido la fachada. No sé si han cambiado los ascensores», decía un vecino de la zona. Así lo aseguraban otros residentes. «No están aún todos los pisos ocupados. Eso sí, los inquilinos son todos nuevos», decían otros.
Fue la inmobiliaria del Grupo Millenium la que se encargó en 2015 de la obra de, al menos, seis de las viviendas, de 300 metros cuadrados, para venderlas por entre 1,7 y 1,9 millones de euros.
«¡No me lo puedo creer!. La chica era majísima, guapa, lista y muy buena estudiante», comentaba la mujer de la limpieza que acudió a trabajar al piso de los padres de la víctima sin saber el drama que se había desencadenado de forma brusca y repentina.
«¡No me he despedido de ellos! ¡No me he despedido!», repetía, de forma incoherente, una amiga de la pareja, llorando sin cesar. El director del centro educativo mandó una nota a los alumnos de la clase de los fallecidos pidiendo que rezaran por ellos.
Fuente: http://ow.ly/Q2GW30bAWXa
Imputada la delegada del Gobierno en Madrid por un posible delito societario en Mercamadrid
El juez también imputa a los otros 15 miembros del Consejo de Administración de la empresa, entre ellos el hermano de Ignacio González
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido imputada, junto a otros 15 ex miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, por el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, por un presunto delito societario en una operación en 2013.
Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el citado juzgado ha incoado ya diligencias previas por el presunto delito y por ello procede a advertir a los 16 implicados, entre ellos el hermano del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, Pablo González o el director general de Seguridad de la Comunidad Enrique Núñez, que fue concejal de Ana Botella en el Ayntamiento de Madrid, "que la instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados", aunque todavía no les ha citado a declarar.
Las diligencias se dirigen también contra José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Alvarez y José Domingo Rodríguez Losada.
La imputación tiene su origen en una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. En su escrito a la Fiscalía consideraban que hubo "prácticas irregulares" en la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%.
Desde la Delegación de Gobierno han evitado por ahora hacer declaraciones, pero la delegada ya aseguró en su día que la operación contaba "con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración".
Fuente: http://ow.ly/e9W930bAWqW
Madrid quiere acordar con Airbnb los días de alquiler de los pisos y poner una tasa
La app Airbnb en un móvil de un usuario. ANDREW HARRER (BLOOMBERG)
El Ayuntamiento de Madrid busca un acuerdo con Airbnb, HomeAway y otras plataformas de alquiler, para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas pueden alquilarse durante un año e implantar una tasa. Con este proyecto se busca que "no se monten negocios fuera de la actividad reglada ni hoteles encubiertos", según explicó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
El proyecto se basa en tres aspectos principales. El primero consiste en garantizar que quien sube la vivienda a la plataforma de alquiler es quien vive en ella, lo que se conseguiría presentando un certificado de empadronamiento. El segundo aspecto pasaría por establecer un plazo máximo de alquiler temporal, ya que si se oferta un piso durante un año entero debería ser regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Nos basaremos en la referencia de otras ciudades pero 60 días me parece bien", afirmó Calvo.
El tercer requisito del acuerdo consistiría en que cuando se superasen los días pactados entre el Ayuntamiento y las plataformas de alquiler, la vivienda se cae de la oferta de la web hasta el siguiente año. Esto supondría que una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario fuera destinado al Ayuntamiento. Esta medida se lleva a cabo en ciudades como Ámsterdam, donde la tasa es de un euro.
"Es una medida razonable, pero esto no impide que renunciemos a la pelea de la Comunidad para que regule las competencias. Si no quiere regularlas, puede cederlas, como se hizo en Barcelona", aseguró Calvo. Según el delegado, el plazo que se fija el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con las plataformas es "relativamente corto" porque "la proliferación de viviendas turísticas es exponencial". En Madrid se ha pasado del 2% de pisos turísticos en 2013 a aproximadamente un 25% ese año.
Este mes se reunirá la Mesa del turismo y se dará a conocer el informe elaborado por la Junta Municipal de Centro sobre viviendas turísticas.También se trabaja en una iniciativa municipalista dirigida por Madrid y Barcelona, para crear una Iniciativa Legislativa Popular relativa a las viviendas turísticas.
Fuente: http://ow.ly/tuK730bog4Y