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El equipo de gobierno municipal de Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, está elaborando un nuevo modelo de política cultural dirigida, dicen, a una mayor proximidad con los distritos y los barrios. Los ejes de dicho planteamiento prevén rediseñar el modelo de gestión de los centros culturales, así como actuar en la parte infraestructural y de programación. Todavía el proyecto está en fase embrionaria, pero fuentes del Consistorio señalan que esta remodelación llevará a sustituir a parte de los actuales directores de los centros culturales. Comisiones Obreras exige explicaciones.

El ejecutivo municipal está elaborando un modelo de cultura más descentralizado, aunque todavía no tiene una fecha para ponerlo en conocimiento de otros partidos y agentes sociales. Fuentes internas al Consistorio admiten a EL PAÍS que este planteamiento prevé la sustitución de parte de los actuales directores de los centros culturales.

La idea es que, en algunos casos, se nombren a nuevos dirigentes, puesto que los actuales fueron designados durante el anterior ejecutivo de Ana Botella (PP). También se postula la inclusión de nuevos actores: un gestor cultural o figuras innovadoras, aunque todavía no está claro si acabarían encargándose de la gestión de los centros o sólo colaborarían en ellos.

Los portavoces del Área de Cultura se limitan, de momento, a hablar de "nuevo modelo de gestión de cultura de proximidad, que permita que los centros se conviertan en ejes de la cultura del distritos". Este planteamiento, explican, "pretende que los centros culturales lleven a cabo toda su potencialidad como catalizadores de la cultura en los barrios. ¿Cómo? Generando un nuevo modelo de gestión de cultura de proximidad".

Para que esto sea posible el Ayuntamiento actuará en tres niveles: infraestructural y dotacional; de programación, y de gestión de los centros culturales. Estos tres ejes están relacionados y portavoces del gobierno reconocen que este plan puede acabar con la "contratación de equipos de gestión". "No se trata de quitar a los actuales directores" de los centros, pero sí abarcar "cambios en la gestión" para mejorar sus prestaciones.

En el Área de Cultura también mencionan "diferentes herramientas" para avanzar en la descentralización de la política cultura. Ejemplo de ello son los "laboratorios de cultura de proximidad". Estos laboratorios que ya se pusieron en marcha en los meses anteriores, han sido evaluados positivamente en base a informes externos y se han comparado con ejemplos parecidos de Vitoria, Barcelona u Oslo. "Con todo esto, se está esbozando un nuevo modelo de gestión de cultura de proximidad que se discutirá y trabajará con la oposición y los mismos trabajadores del centro", aseguran en el área de Cultura.

De momento, en dos centros culturales en Usera y Arganzuela el gobierno ha externalizado algunas de las actividades culturales. Los portavoces del ejecutivo señalan que estas encomiendas son parte de un proyecto piloto que no tiene a que ver con los cambios estructurales en la gestión de los centros culturales. Sin embargo, los trabajadores temen que el gobierno nombre a gestores externos que vayan a sustituir a los actuales dirigentes. Comisiones Obreras señala que algunos directores de centros culturales ya han recibido llamadas telefónicas de responsables del gobierno explicándoles este tipo de proyecto.

Los profesionales de los centros culturales se reunieron en mayo en asamblea, junto con los sindicatos, para valorar la situación. Tras su reunión, enviaron una carta a la alcaldesa y al delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, pidiéndole explicaciones. En su misiva exigen que se paralicen las nuevas encomiendas y que los "debates y decisiones en los cambios de titularidad, formas de gestión o servicio prestados se desarrollen con total transparencia".

Julio Novillo, de Comisiones Obreras, incide en que esta es la segunda carta enviada al gobierno. El pasado viernes, el Área de Coordinación territorial les han contestado que esperan organizar una reunión para aclarar la política del gobierno. La última reunión se mantuvo en noviembre y no se concretó nada. "Lo que vemos es demasiado rumor, en algunos casos contradictorio. Sabemos que el Ayuntamiento está pensando introducir una figura nueva, que es la del gestor cultural, pero no acabamos de saber cómo encaja en el organigrama actual y cómo afecta a los centros culturales, sobre todo a las direcciones", explica el sindicalista.

El PSOE, socio de investidura de Carmena, también pide al gobierno municipal más claridad. "Exijo que el gobierno aclare y haga público si tiene algún plan para los centros culturales. Una cosa es revisar el modelo y otra crear un modelo a medida de los intereses personales de unos pocos concejales a los que parece que les molestan los funcionarios", señala la edil Mar Espinar.

En Madrid existen 90 centros culturales en un total de 21 distritos. Los directores de todos estos centros accedieron a través de concurso de mérito y pese a que el gobierno de momento asegura "no querer quitarles", sí admite que está trabajando en cambios de gestión, cuya conclusión no descartan que sea la sustitución de parte de los actuales directores. "Se está elaborando un diagnóstico para ver lo que se necesita", reiteran desde el Área de Cultura, calificando la gestión de los centros culturales de distrito "uno de los grandes problemas" de la ciudad.

El PSOE recuerda la importancia de contar con los funcionarios

El grupo municipal socialista recuerda que en el caso de avanzar hacía un nuevo modelo cultural el gobierno de Ahora Madrid, además de informar públicamente sobre los pasos a seguir, tiene que contar con los funcionarios "que llevan trabajando de forma precaria y levantando los centros culturales sin apoyo de nadie", según afirma la concejal del PSOE Mar Espinar. El gobierno local asegura informar a los trabajadores de los centros una vez que el proyecto de remodelación de la gestión de los centros culturales esté acabado. También sostiene que quiere contar con la colaboración de la oposición.

El temor de los partidos políticos de la oposición, entre ellos el PSOE, es que este rediseño del modelo cultural impulsado teóricamente para crear centros de proximidad acabe por crear directores en las sombras que actúen sin haber pasado antes un concurso de mérito. El ejemplo del proyecto piloto para los dos agentes culturales encargados en Arganzuela y Usera hace temer que este modelo se difunda en otros distritos. Según se desprende de los documentos oficiales, los dos agentes seleccionados cobrarán un sueldo de más de 40.000 euros y se elegirán a dedo a través de la empresa municipal Madrid Destino. El gobierno municipal asegura que el proyecto piloto Programa Mirador no tiene nada que ver con el rediseño del modelo de gestión de los centros culturales de la ciudad.

Fuente: http://ow.ly/Y9Ps30bVh8Y

Crean una campaña contra los anuncios colocados en los parabrisas de los coches

Como en muchos barrios de Madrid, en Quintana es habitual desde hace años encontrar en los limpiaparabrisas de los coches tarjetas con imágenes de mujeres casi desnudas que anuncian masajes eróticos y servicios sexuales. Lo que no es común en el resto de barrios es encontrar dentro del coche un cartel disuasorio con la leyenda: «No acepto publicidad de prostitución. Por las mujeres. Por nuestros niños/as. Porque quiero un barrio limpio. Porque no quiero mafias». Es la respuesta de estos vecinos a un problema sin resolver.

«Barajamos distintas formas de protesta y ésta nos pareció que recogía lo que queremos decir», explica Ana Martínez, miembro de la Asociación de Vecinos de Quintana. Según explican ella y sus compañeras Victoria Sánchez y Cristina Díaz, pretenden «que la gente ponga el cartel dentro de su coche y así los que colocan la publicidad se den por aludidos de alguna manera, porque cuantas más quitamos, más ponen».

Los vecinos de esta zona del distrito de Ciudad Lineal llevan años retirando a diario estas publicidades obscenas de sus parabrisas. Hasta 15 han llegado a recoger en un día del mismo vehículo, dicen. Las colaboradoras de la Asociación de madres y padres (Ampa) del Centro Cultural Elfo, Yolanda García y Rocío Barrios, explican que los niños ya juegan con esas tarjetas «como si fueran cromos». «No queremos que nuestros hijos crezcan aprendiendo esas cosas, es importante que no las banalicen», sentencian.

Para hacer frente al problema y ante la ineficacia de las medidas sancionadoras impuestas por el Ayuntamiento, las asociaciones vecinales de Quintana, La Elipa y San Pascual se unieron a las AMPA del distrito con esta campaña contra la publicidad porno. Una iniciativa con la que también pretenden «implicar a cada vecino del distrito», explican. «No hacer nada contra la situación en el fondo es consentirla y, en cierta medida, apoyarla. Todos nos debemos concienciar de que no debe ser así», añaden. De momento, aseguran que el cartel está llamando la atención de vecinos y profesores, que se suman a la iniciativa.

Un voluntario que retiraba tarjetas de los coches dice que recibió amenazas

Además de la distribución del cartel antiporno, voluntarios de estas asociaciones están haciendo batidas por el barrio para retirar los flyers de los coches, hasta tres veces al día. En esos paseos de limpieza algunos de ellos han sido amenazados por las personas que colocan las tarjetas. «El otro día una mujer me dijo: 'No quites esto que las chicas se pueden enfadar'», recuerda Martínez. «No lo quité de ese coche, pero seguí y lo seguí retirando de los siguientes. Al poco se paró un coche y la misma chica me volvió a decir lo mismo, pero el que iba conduciendo me insultó, me amenazó...», recuerda esta vecina, que está convencida de que «esto tiene que ser una mafia».

Fuentes de la Policía Municipal explican que estos anuncios «incumplen la Ordenanza de Publicidad», ya que quienes los colocan «no piden autorización». Los vehículos policiales que patrullan «proceden a la retirada de los flyers y, si ven a alguien colocándolos, le multan», prestando «especial atención a las zonas escolares». Según informan, los equipos policiales de cada distrito trabajan sobre los «posibles puntos calientes», aunque «no hay ninguna iniciativa especial» al respecto.

Los vecinos y las Ampa consideran sin embargo que los agentes «tiran balones fuera» en este tema, explica Martínez. «Argumentan que no pueden entrar a un piso sin denuncia del propietario. Lo único que dicen es que cuando veas que están poniendo los anuncios, les llames y que ellos vienen. Pero claro, cuando llegan el de la publicidad ya se ha marchado. Les tienen que pillar en el momento en el que ponen el cartelito».

Fuente: http://ow.ly/94qA30bRqUi

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo aprobó sin contar con el preceptivo informe de impacto de género (que trata de evitar los posibles efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres). Un portavoz del Ayuntamiento del municipio ha asegurado que recurrirá la decisión de tribunal, firmada el pasado 19 de abril por la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Un ciclista pasando al lado del vallado de la finca Romanillos. Santi Burgos

El accidentado camino del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, que ya fue anulado por defectos de forma en su versión de 2001, se ha encontrado con un nuevo obstáculo. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han anulado el Acuerdo del Gobierno de la Comunidad que lo aprobó definitivamente en octubre de 2015 y, por lo tanto, han invalidado el propio plan. Además, el fallo condena al pago de las costas al Gobierno regional y al Consistorio de Boadilla, las dos administraciones demandadas por un particular.

La defensa de este ha sostenido durante el proceso que el PGOU no es válido porque se basa en el plan previamente anulado de 2001, porque supone una expropiación de facto de algunos terrenos en una urbanización de lujo llamada Las Lomas y porque no se redactó un informe de impacto de género durante su tramitación.

Este último es el argumento que han aceptado los jueces, pese a que el Ejecutivo madrileño y el Ayuntamiento han insistido en su defensa en que no era necesario en este caso. Sería obligatorio, dicen, si se estuviera hablando de la tramitación de un reglamento, pero un PGOU es otro tipo de normativa: una disposición general.

Sin embargo, los magistrados les llevan la contraria citando la Ley 30/2003, sobre “medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno”, así como varias sentencias del Tribunal Supremo que amplían, en su opinión, la necesidad de ese informe a otras disposiciones legales. Además, el fallo hace referencia a una ley madrileña aprobada en marzo de 2016, cinco meses después de que se aprobara el PGOU de este municipio de 50.000 habitantes a 20 kilómetros al oeste de la capital.

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla destaca ese desfase temporal y añade que el Consistorio tiene la firme intención de presentar un recurso de casación contra la sentencia. Recuerda, además, que mientras ese recurso no se resuelva, el PGOU del municipio seguirá estando en vigor. Por su parte, la Comunidad de Madrid no tomará una decisión al respecto hasta estudiar el fallo, que ayer todavía no había recibido, según una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Fuente: http://ow.ly/mmtf30bLfUb

Primero se contacta con unos abogados en un país de legislación societaria favorable, pongamos Uruguay. Se les pide que creen una empresa —por ejemplo, con el hijo del dueño como principal socio— que, después de varios cambios de accionariado, acaba con otro nombre y siendo comprada por una filial del Canal de Isabel II. Poco después, se usa para adquirir, haciendo pagos a través de Suiza, una empresa brasileña por mucho más de lo que en realidad vale, enriqueciendo presuntamente por el camino a “determinadas personas” con dinero público.

Fachada de la sede del Canal en Madrid. Santi Burgos

Las explicaciones que el bufete de abogados uruguayo Algorta & Asociados ha ofrecido a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid —para demostrar que él no hizo nada ilegal— permiten reconstruir el enmarañado proceso por el que se creó la sociedad instrumental Soluciones Andinas de Aguas. Es decir, la firma utilizada por las principales filiales del Canal en Latinoamérica (Extensia e Inassa) para adquirir en 2013 Emissão Engenharia e Construçaõ. Una compra plagada de presuntas irregularidades, que está en el centro de la Operación Lezo contra la corrupción que ha llevado a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.

El auto del juez Eloy Velasco del pasado 21 de abril sostiene que “las justificaciones esgrimidas para intermediar la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua en la operación carecen de fundamento”. Además, añade que “en el diseño, preparación y desarrollo de la compleja operación societaria participaron activamente tanto Ignasi Maestre como el propio Edmundo Rodríguez Sobrino”. Este último, detenido junto a González, fue hombre de confianza del expresidente en los negocios del Canal en América y gerente de Inassa. Por su parte, Maestre es un empresario andorrano muy cercano a Rodríguez, propietario de Igmasa y relacionado con varios casos de fraude fiscal de futbolistas.

El auto del juez señala como “fecha decisiva” abril de 2012, cuando Maestre compró la empresa que luego se convertiría en Soluciones Andinas. Sin embargo, la documentación del bufete uruguayo demuestra que estaba detrás de la creación de esa firma desde mucho antes.

Responsabilidad limitada. Maestre se pone en contacto con Algorta & Asociados el 15 de agosto de 2008 por correo electrónico para decirles que está “estudiando la utilización de una sociedad anónima o limitada uruguaya para operar con Brazil [sic]”. La idea, asegura, es poder cobrar rentas de alquiler a una compañía brasileña. Cuando el bufete se pone manos a la obra, el empresario andorrano decide que su nueva firma nazca bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Estas, según la legislación uruguaya, no exigen requisitos previos o permisos para un inversor extranjero, no restringen la repatriación de capitales y, a diferencia de las sociedades anónimas, no están sometidas al control de la Auditoría Interna de la Nación.​

La preparación se completa el 14 de septiembre, cuando Maestre le pide a los abogados que sean ellos los que “constituyan una SRL” y que “posteriormente se realice una compraventa de las participaciones a la sociedad/persona designada por Igmasa”. Todo, “para facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”, asegura.

La empleada accionista. En dos meses, el 27 de octubre de 2008, se inscribe en el registro nacional de comercio de Montevideo la sociedad Turman Investments SRL. El 99% de las acciones se ponen a nombre José Miguel Algorta Garicoits, hijo del dueño del bufete, y el 1% al de María Esther Campo Solares, que en algunas informaciones de la prensa uruguaya aparece como secretaria del bufete y en otras, como socia. El objeto principal de la mercantil se circunscribe a “la realización de todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.

De mano en mano.[ En febrero de 2009, Igmasa pide al bufete un cambio de accionariado: “Les recordamos que los accionistas de Turman serán los siguientes: Sociedad Fundación Himalaya (99%) y Yavango (1%)”. Ambas son mercantiles interpuestas offshore, con sede Islas Vírgenes y Panamá, respectivamente. Más tarde, Fundación Himalaya cede el 1% a Daniel José Herrera (otro presunto testaferro).

En agosto de 2011, el bufete se desentiende de la operación: entrega la totalidad de documentos a Pablo Roca, representante de Igmasa en Uruguay. Pero el Diario Oficial del país suramericano permite seguir el rastro. Por ejemplo, registra otro movimiento en marzo de 2012: Fundación Himalaya vende sus acciones a Yavango, y Daniel José Herrera a Tana Investment Company.

Aparece el Canal. En este tránsito, llega marzo de 2013, momento en el que la primitiva Turman, con la que se inició todo cinco años antes, cambia de nombre y se convierte en Soluciones Andinas de Agua. Poco después, en junio, esta vende la mayor parte de sus participaciones a las filiales del Canal Inassa y Extensia. Y el 14 de noviembre de ese mismo año, esas dos empresas del Canal adquieren con ella, por 21,5 millones de euros, Emissão, una empresa que al mes siguiente valía 10,2 millones; al año, 5,1 millones y que ahora está en pérdidas. El juez Velasco trata de averiguar, entre otras cosas, si alguien se repartió el dinero que se quedó por el camino.

Fuente: http://ow.ly/Wq9M30bLfIa

Instantánea de la M30. ANTONIO HEREDIA

El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha penalizado a EMESA, socio privado de la sociedad mixta, con 995.000 euros por falta de cumplimiento de distintos compromisos contractuales relacionados con la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de noviembre el mismo órgano abrió seis expedientes de penalidades, tras los cuales se inició el plazo para la presentación de informes y alegaciones que ha concluido esta semana en tres de los expedientes.

En la primera resolución se hace referencia a carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass. En el contrato modificado de 2007 se incluyó una partida para la inspección especial y mantenimiento de esas instalaciones por la que el Ayuntamiento ha abonado más de 3 millones de euros. No se ha detectado ningún riesgo de seguridad, pero sí un incumplimiento de contrato.

La segunda resolución se refiere a la falta de instalación de la red wifi en la totalidad del anillo que estaba incluida en el contrato inicial. "Este servicio de mejora sería beneficioso para trabajadores y usuarios, pero no se ha prestado", han explicado desde el Consistorio.

Por último, en la tercera resolución se apunta a la falta de instalación de una red de comunicación PDH que mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.

La totalidad de las penalidades asciende a 995.000 euros correspondientes a los 375.000 euros, 320.000 euros y 300.000 euros de cada una, como adelantó este jueves 'eldiario.es'.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación acerca del modelo de gestión de Madrid Calle 30. La primera sesión de trabajo a la que serán llamados a comparecer cargos políticos, técnicos y representantes de la sociedad civil tendrá lugar el próximo mes de junio.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por EMESA, que cuenta con el 20 por ciento restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A.

Fuente: http://ow.ly/XjHb30bF7Zp